Unicef invita a peruanos a actuar por un mejor futuro para niños y adolescentes

En las últimas tres décadas Perú ha dado importantes pasos hacia el cumplimiento del compromiso asumido en 1990 cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado de derechos humanos que más países se han comprometido a cumplir. En estos años, Perú redujo significativamente la mortalidad infantil y avanzó hacia la universalización de las tres etapas de escolarización de la Educación Básica Regular, entre otros logros. Sin embargo, mantiene numerosos pendientes, especialmente con las y los adolescentes.

Hoy más que nunca cobra carácter de urgencia cumplir la agenda planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar los derechos humanos de cada niña, niño y adolescente. Solo así se evitará que la pandemia acentúe más las desigualdades y vulnerabilidades que desde antes ya enfrentaban, y así lograr que nadie se quede atrás.

UNICEF cree firmemente que es posible reimaginar un Perú mejor para la generación del Bicentenario, siempre que las autoridades y la sociedad en general unan esfuerzos para garantizarles los derechos consagrados en la CDN, y recomienda enfatizar en: 

Garantizar la reapertura segura y oportuna de las escuelas. Su cierre prolongado ha significado que aproximadamente nueve millones de niñas, niños y adolescentes continúen sin recibir educación presencial y se estima que más de 600 000 están en riesgo de dejar sus estudios, especialmente aquellos que pertenecen a familias en situación de pobreza.  Esta pérdida tiene graves implicaciones presentes y futuras. El aprendizaje, la socialización, el acceso a protección y a otros programas sociales ocurren en la escuela y no pueden replicarse igual en otros espacios. Cada día que las escuelas permanecen cerradas se avanza, especialmente para los más vulnerables, hacia una catástrofe educacional. Es imperativo que Perú se prepare desde ahora para la reapertura segura y gradual de las escuelas, aprovechando la oportunidad para que los sistemas educativos ofrezcan no solo un mejor aprendizaje, sino también un entorno más seguro y de mayor soporte emocional que el que existía antes de la pandemia.

Establecer la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad de Estado. En solo diez meses y como consecuencia de la COVID-19, Perú experimenta un retroceso de diez años en los niveles de pobreza infantil. Estimaciones realizadas por UNICEF sobre el impacto de la pandemia en la pobreza infantil y adolescente presentan un panorama desolador. A finales de 2020 más de 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes caerán en pobreza monetaria, sumando un total de más de cuatro millones en esta situación. Es necesario pensar colectivamente en sistemas de salud, de educación y de protección social universales e integrales que protejan a las familias ante el severo impacto socioeconómico ocasionado por la COVID-19.  Para ello es clave asignar los recursos públicos de manera equitativa, suficiente y oportuna para que se puedan implementar respuestas de protección social diferenciadas, pertinentes a los distintos contextos, y que aborden las múltiples dimensiones de la pobreza infantil. 

Erradicar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. En Perú siete de cada diez​ chicos y chicas entre nueve y diecisiete años han experimentado algún tipo de violencia, y tres de cada diez entre doce y diecisiete años han sufrido abuso sexual (Enares 2015). Desde antes de la pandemia, diversos estudios y especialistas ya alertaban que el hogar era uno de los espacios en los que se presentaba un alto índice de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Se estima que durante el contexto de aislamiento social estos casos se habrían incrementado.  Es urgente fortalecer políticas y programas de prevención frente a la violencia en los niveles locales, regionales y nacionales y desarrollar en el país una cultura de crianza positiva y de respeto a las niñas, niños y adolescentes en todos los entornos.

Priorizar la inversión en las y los adolescentes. Los 3,2 millones de adolescentes representan una oportunidad clave para el desarrollo presente y futuro del país, especialmente porque Perú continúa en la fase de bono demográfico.  Paradójicamente, con excepción de la escuela, las y los adolescentes son uno de los grupos menos cubiertos por las políticas sociales y esto se evidencia en la oferta limitada de programas o servicios que garanticen su salud, protección y participación. Por ejemplo, durante la última década, no se ha conseguido disminuir la tasa de embarazo adolescente (12,6%) entre las chicas de quince a diecinueve años. Las y los adolescentes necesitan de estos servicios especializados, requieren crecer libres de violencia y que sus voces sean escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta en todo aquello que les afecta, como establece la CDN. Priorizar la adolescencia en las políticas públicas implica garantizar la inversión necesaria para ponerlas en marcha.

Apoyar la participación adolescente para fortalecer la ciudadanía. Hay que asegurar que las niñas y niños, especialmente las y los adolescentes puedan ejercer en el entorno familiar, escolar, y comunal su derecho a la participación. Los acontecimientos políticos recientes y el próximo proceso electoral constituyen una oportunidad para enfatizar que el ejercicio de la ciudadanía abarca a todas las generaciones y trasciende la jornada electoral. Escuchar las voces adolescentes e incorporarlas a las políticas públicas es caminar hacia la construcción de un país más inclusivo, próspero y cohesionado.