Mujeres piden a Gobierno un real compromiso para proteger sus derechos ante industrias extractitivas

Del plan a la acción. Si bien la normativa peruana promueve la inversión privada, también existe el compromiso del Gobierno peruano de proteger los derechos humanos en el ámbito de las empresas, haciendo hincapié en la protección de las poblaciones vulnerables y de las mujeres. No obstante, según advierten especialistas, el apoyo gubernamental se ha quedado en buenas intenciones porque en la práctica se evidencia cómo las empresas vulneran los derechos de la población.

Desde el 2018 el Perú cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado mediante D.S. N°002-2018-JUS. Este plan que tiene un periodo de implementación entre 2018-2021, recoge el compromiso del Gobierno de crear medidas específicas que eviten la violación de los derechos humanos.

“El Plan aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hace hincapié en la necesidad de prestar especial atención en aquellas zonas donde existen industrias extractivas, agroindustria y actividades de infraestructura.

Reconoce que en dichos sectores se genera más conflictividad social por sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente”, precisó Claudia Zuñiga, especialista de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.

En el marco de la normativa aprobada, el 2019 el MINJUS aprobó la metodología de implementación del Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Este último documento tiene como objetivo garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en todos los ámbitos y territorios de acción.

En proceso y testimonios

A la fecha 21 países vienen incorporando su Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en el caso de América los incorporaron Colombia, Estados Unidos, Chile y Perú se encuentra en el proceso de aprobación e implementación de este Plan.

Pese al compromiso del Gobierno en la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, en la práctica la conflictividad social en torno a las industrias extractivas o de infraestructura se ha incrementado.

“Cuando llegó la minera Las Bambas todo era sorprendente, luego vino la desesperación al ver como compraban dirigentes para lograr le aprueben la Consulta Previa y finalmente llegó la decepción al ver como violentan nuestros derechos como mujeres y comunidad. Nuestros derechos han sido pisoteados, nuestras hermanas del campo son afectadas por esta empresa y nadie dice nada. El Gobierno no nos protege”, relató Miri Berlinda Serrano, dirigente de la zona de Cotabambas.

Similar opinión comparte Saida Boza, dirigente de Chumbivilcas, quien advierte que en la zona sur del país las mujeres ven afectados sus derechos por las empresas mineras. “Todo está en papel, no hay cumplimiento. ¿Quién nos protege?”, comentó.

Asimismo, Griselda Ríos, dirigente de Loreto, afirmó que ha sido víctima de las empresas madereras ilegales. Precisó que en esta parte del país los problemas que afrontan son la deforestación, la construcción de carreteras, la tala ilegal y la contaminación de petróleo. “No hay respaldo del Estado. Tenemos que concientizar a las personas y la sociedad sobre la importancia del respeto a los derechos humanos”, concluyó.

Por su parte, María Neyra, de la zona de Ocucaje, en Ica, afirma que su producción se ve afectada desde que ingresó la agroexportación, “ha bajado la calidad y tamaño de nuestros productos y no contamos con agua suficiente para nuestros sembríos. Además, constantemente somos denunciadas por intentar hacer prevalecer nuestros derechos, indicó.

 
Estos testimonios se dieron en el Taller de formación con enfoque de género sobre derechos humanos y actividades extractivas y de infraestructura, organizado por DAR, CooperAcción, CODEH Ica, Diakonia y Derecho sin Fronteras.